Mis antepasados más remotos fueron paganos; los más recientes, herejes.

viernes, 23 de noviembre de 2018

Controlando chinos

Se viene hablando de ello en público desde hace pocos años (aunque los trabajos para refinar la idea existen desde hace mucho más tiempo) pero en los últimos meses se ha confirmado que nos encontramos al comienzo de una de las principales pesadillas de las ucronías más pesimistas de control social: un Gran Hermano real, como el descrito por Orwell en sus textos, que por cierto deberían ser de obligado conocimiento (aunque en España, el nivel intelectual del ciudadano medio es tan lamentable que combinar ambos conceptos, Gran Hermano y obligado conocimiento, da como resultado destacado una enorme legión de millones de zombificados espectadores del programa de televisión cuyo título parodia al gran protagonista de 1984). Como no podía ser de otro modo, el Gran Hermano real se está ensayando ahora, ya, en este mismo momento, en un régimen comunista. Para ser más concretos, en China, en medio del atronador silencio de esas (falsas) democracias occidentales que dicen defender la libertad del individuo y que en realidad están todas ellas arrodilladas ante el poder de Mammón, ese diabólico dios de nombre chocante (y seguramente falsificado: es demasiado parecido al del benévolo y amoroso Amón) que se encarga de ayudar y promover la avaricia y el vicio del dinero.

(Entonaban los Monty Python, hace ya casi cuarenta años, aquello de I like chinese -Me gustan los chinos-, una graciosa cancioncilla en apariencia políticamente correcta en cuya letra destacaban frases como "Yet they're always friendly and they'ready to please" -"Son siempre amistosos y dispuestos a agradar"- pero con alguna que otra advertencia añadida. Por ejemplo: "There's nine hundred million of them in the world today/You'd better learn to like them, that's wat I say" -"Hay novecientos millones de ellos en el mundo hoy día/Lo que digo es que será mejor que aprendas a apreciarlos"-. O, más directamente,"The chinese will survive us all without any doubt" -"Los chinos nos sobrevivirán a todos, sin ninguna duda"-. Como cualquier persona inteligente, los miembros del grupo británico sabían que tú puedes ser una perla rara, una entre cien mil mucho menos valiosas, pero perecerás y desaparecerás irremediablemente sepultada si esas cien mil te caen encima, porque en el mundo de lo material el número es la base de cualquier victoria a largo plazo. Mac Namara me lo ha explicado muchas veces con distintos ejemplos al hacer referencia al bombardeo psicológico sistemático que sufrimos los europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial -demonizando la maternidad, inventando mil y una sexualidades a cual más extravagante, destruyendo el núcleo familiar de todas las maneras imaginables, promocionando hasta la saciedad el aborto incluso cuando no es necesario o invocando la solidaridad y el amor al prójimo para abrir las fronteras de par en par, entre otras tácticas- con el objetivo de reemplazar demográficamente a la población autóctona europea y, si es posible, aniquilarla por completo. Suena brutal, cuando uno no se ha tomado la molestia de estudiar el asunto a fondo, pero es exactamente así.)

Sin embargo, ése es otro tema. Hoy estábamos con lo del Gran Hermano. Esa misma China llena de chinos simpáticos (tal vez no tan simpáticos, según me han contado diversas personas que han tenido oportunidad de vivir entre ellos en su país y ampliar la foto fija que tenemos aquí del sonriente vendedor en las tiendas de todo a cien; supongo que habrá de todo, como en todas partes) es el escenario donde se está aplicando ya, sin que nadie diga ni mu, la transformación definitiva del homo sapiens en homo ganado. Desde el 1 de mayo (¡precisamente el 1 de mayo, una "fecha curiosa", como diría mi gato conspiranoico!), el gobierno del presidente Xi Jinping ha puesto en marcha la implantación del carnet de buen ciudadano, con la idea de que esté plenamente operativo en 2020. Dentro de dos días, como quien dice.


Como a los animales no hay que asustarles para evitar que protesten o se rebelen, es necesario aplicar esta iniciativa pasito a pasito. Por eso, las primeras medidas son sólo castigos menores y para los que han actuado mal se mire como se mire. Así, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma china, las personas que usen billetes de transporte caducados, faciliten falsa información sobre terrorismo o fumen en un tren son penalizadas prohibiéndole su acceso a trenes y aviones durante un año. Parece algo correcto: el que la hace la paga y tampoco es un castigo tan relevante. Ahora bien, es la misma técnica que cuando se introduce un impuesto nuevo. Para evitar el rechazo inicial, se impone de entrada una cantidad a cobrar irrisoria..., y cuando el ciudadano se acostumbra a pagar esa minucia se le puede empezar a subir progresivamente.

Así que primero los chinos se están acostumbrando a las sanciones por actividades decididamente malas y, más tarde, éstas se ampliarán a cualquier tipo de actos que no le gusten al gobierno, hasta crear un sistema de puntuación de "buenos" y "malos" ciudadanos según sus hábitos sociales, el tipo y la frecuencia de productos que consuman, las amistades que tengan, etc. La evaluación ciudadana para considerar "buena" o "mala" a una persona es tan delirante, que entre las penalizaciones figuran las de aquellos ciudadanos "que ofrezcan disculpas poco sinceras". Y cuando el sistema esté funcionando, los puntos que obtenga cada ciudadano le permitirán alquilar una vivienda (o no, aunque disponga de dinero suficiente), matricular a sus hijos en una escuela privada (o no, aunque la tenga al lado de su casa y pueda pagarla), trabajar en determinados empleos (o no, aunque esté capacitado para el puesto al que aspira), obtener un préstamo (o no, aunque sea un ciudadano económicamente intachable) y hasta ser recibir tratamientos de la sanidad pública (o no, aunque no tenga dinero para pagarse una privada). El gobierno chino dice que así se construirá una "cultura de la sinceridad" que promueva "la honestidad, la confianza y la integridad" porque "mantener la confianza social es glorioso""las personas confiables podrán ir a cualquier lugar bajo el cielo, mientras que aquéllas que no lo merezcan no podrán dar un solo paso". Poesía legal.

"Es imposible, no podrán hacerlo, hay demasiados chinos para poder controlarlos a todos", dice un escéptico allí, al fondo de la sala. De hecho, hoy hay más o menos unos 1.300 millones de chinos (han aumentado un poco respecto a la época en la que los Monty Python cantaban su canción). Demasiada gente..., en apariencia. Pero sí, es posible. Y lo es gracias al estricto control de las autoridades chinas sobre Internet y las redes sociales (al cual se pliegan hasta las, en Occidente, todopoderosas compañías del estilo de Google y Facebook, que aceptan las limitaciones impuestas desde el gobierno de Pekín. Y también gracias a los varios cientos de millones de cámaras de vigilancia instaladas ya en su país, muchas de las cuales funcionan con inteligencia artificial. Y por si fuera poco, hay ocho empresas privadas (el ocho es el número de la suerte para los chinos) que han recibido el visto bueno oficial para desarrollar cada una su propio sistema experimental en este sentido y puntuar a ciudadanos clientes. Una de ellas, la más conocida seguramente por aquí, es Alibaba. Chris Tung, uno de sus directivos, reconocía en una entrevista hace unos meses que "no se pueden imaginar la cantidad de datos personales a que tenemos acceso". Literalmente, saben qué tipo de películas ve una persona en concreto, qué música oye, qué estilo de vida tiene. Todo. 

Un ejemplo gráfico de hasta dónde han llegado las cosas a día de hoy es el de la empresa Face++, dedicada al reconocimiento facial, que dispone ya de una tecnología tan refinada que permite, a partir de imágenes tomadas en escenarios públicos como una estación de tren, identificar a 120 personas por segundo. Repito: 120 personas por segundo. Combinando esas imágenes tomadas directamente de la calle con las bases de datos oficiales a las cuales tiene acceso directo, esta compañía puede localizar con relativa facilidad (y avisar a la policía para su detención) a todo tipo de "criminales y personas buscadas", como se jactan sus técnicos. Ojo a la expresión empleada: criminales y..., personas buscadas, que no tienen por qué ser criminales. Sólo buscadas, porque por algún motivo resultan incómodas para las autoridades. Face++ se fundó en 2011 y hoy dice trabajar, además de con el gobierno chino, con cerca de 300.000 empresas y particulares en todo el mundo. En algunas ciudades como Shanghai o Hangzhou, su tecnología ya se utiliza para llamar la atención de ciudadanos que no cumplen la ley -o que simplemente se despistan- y tienen paneles grandes en la calle donde se muestra la cara del peatón que ha cruzado indebidamente saltándose un semáforo o del ciclista que se ha metido por dirección contraria. Su rostro sólo desaparece de ahí si pagan la multa correspondiente.

(Esto del reconocimiento facial para supuestamente facilitar la vida de las personas se ha puesto de moda también en esta parte del mundo por culpa de los teléfonos móviles que utilizan ese sistema para desbloquearse. Particularmente, he de decir que nunca he metido mi rostro en uno de esos teléfonos, ni por supuesto mi huella digital. Las compañías que venden estos terminales han asegurado reiteradamente que no recopilan esa información porque no llega a salir de los propios aparatos, pero los centros comerciales también insisten todos los años por estas fechas en que ya están de camino tres reyes magos de Oriente en camellos para traernos regalos.)

El diario The Global Times publicó que ya en 2010, en la provincia de Jiangsu, se intentó imponer un programa de control social de este tipo que incluía la evaluación de la postura política de los ciudadanos. En el carnet de puntos asociado, una de las razones que restaba crédito a los sancionados era el hecho de que uno pudiera ser calificado de "peticionario". Adquiría ese calificativo si se dedicaba a viajar a Pekín para quejarse ante la administración central del comportamiento de las autoridades locales. Atención: a uno le convertían en "mal" ciudadano con independencia de que su queja tuviera razón o no, sólo por el hecho de osar quejarse. Los habitantes de la región protestaron y el programa se retiró..., de momento. ¿Qué pasará en 2020, cuando se haya implantado el proyecto general? No es difícil de imaginar.

"Ay, cómo son estos chinos..., pero eso pasa en su país. Nosotros no nos dejaríamos", vuelve a comentar el mismo escéptico de antes, con la misma supina ignorancia. 

Y es que seguramente los lectores veteranos de esta bitácora ya estarán enterados pero, para los que no, me gustaría recordar que el pasado miércoles el Senado de España aprobó la nueva Ley de Protección de Datos, supuestamente redactada para proteger a los ciudadanos de nuestro país de los abusos en el sector informático. Sus "señorías" aprobaron la norma con 220 votos a favor y sólo 21 en contra. En el Congreso de los Diputados, todo el mundo había votado a favor. "Protejamos a los españoles de las empresas internacionales y también de las nacionales e incluso de algunos particulares..., todos ellos muy malvados porque quieren recopilar información sobre los ciudadanos sin su consentimiento para aprovecharse y venderles luego todo tipo de productos", era el discurso general de los dirigentes políticos. 

Pero..., resulta que esa ley contiene un artículo, el 58 bis, que permite a "partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales" recopilar "datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas" y que, además, declara que la propaganda electoral a través de Internet "no tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial". Es decir, los partidos se reservan la capacidad de poder hacer sin pedir permiso lo que está estrictamente prohibido que haga nadie más en España. Una compañera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y redactó y publicó una información al respecto que ha abochornado a todos los partidos parlamentarios españoles. 

Y cuando digo todos, son todos. Porque resulta que todos votaron a favor de concederse a sí mismos el privilegio de espiar y clasificar a los ciudadanos españoles en "buenos" (si tienen intención de votarme) o "malos" (si van a votar a otro). De hecho, esto significa abrir la puerta a la creación de perfiles personales basados en la ideología de cada ciudadano que -no creo que haya nadie tan ingenuo como para pensar lo contrario- se guardarían para seguir utilizándolos después del período electoral contemplado en la redacción de la ley. Lo que no esperaban los líderes políticos españoles es que se publicara esa información denunciando la maniobra, que cayó como una bomba entre los medios de comunicación, y, a la hora de ratificar el voto en la Cámara Alta, cuatro partidos, con una actitud especialmente cínica, decidieron votar al revés de como lo habían hecho en la Baja echándose públicamente las manos a la cabeza ante este atropello a los ciudadanos e incluso planteándose recurrir la ley al Tribunal Constitucional. Así funciona la hipocresía: mientras nadie se entere, se puede actuar de manera indigna con total impunidad, pero si la historia sale a la luz, uno debe ponerse al frente de las protestas del "pueblo". La misma compañera que escribió la noticia, a la que he felicitado por hacer honor al oficio de periodista, me contó que algunos expertos le habían revelado que "este tipo de violación de la intimidad vía Internet es bastante frecuente en realidad, pero ilegal; lo que intentan ahora es hacerlo legal".

Esos expertos también le comentaron que "el partido actualmente en el gobierno, el PSOE, es quizás el que más ilegalidades de este tipo ha cometido hasta ahora en Internet, y por eso ha sido el más interesado en sacar adelante la nueva ley". No sólo en Internet, de hecho. Personalmente, hace ya muchos años que otros compañeros de profesión me revelaron la existencia -e incluso me enseñaron alguno de estos documentos- de los muy detallados informes elaborados regularmente por al menos una de sus fundaciones (y, en honor a la verdad, de las de otros partidos políticos también) sobre los periodistas de mayor influencia en España, clasificándolos de acuerdo con su ideología, sus puntos débiles y otros datos personales y profesionales. 

Lo que ha sucedido en todo caso con la tramitación de la nueva Ley de Protección de Datos es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que el pasado mes de septiembre la vicepresidenta del mismo ejecutivo, Carmen Calvo, no tuvo pudor alguno en plantear en una conferencia pública (¡Además, en medio de las XVI Jornadas de Periodismo de la APE, la Asociación de Periodistas Europeos!) la necesidad de imponer la censura en España. Por supuesto, con  "justificaciones adecuadas" como la, a su juicio, alarmante proliferación de noticias falsas, bulos o malas prácticas..., como si todo esos vicios no fueran desde siempre el-pan-nuestro-de-cada-día entre los riesgos de esta profesión. Calvo argumentaba que "la situación es tan inquietante y el riesgo es ya tan grande que necesitamos empezar a tomar decisiones que nos protejan", o sea regular la libertad de expresión y el derecho a la libre información, porque según ella "no lo resiste todo" y hay que proteger los valores que están "muy por encima de nuestras individualidades"

Siguiendo el mismo discurso que tantas veces hemos escuchado en las dictaduras declaradas como tales -especializadas en matar al mensajero- la vicepresidenta tenía el cuajo de asegurar sin que le temblara un músculo que "la sociedad entera se ha divorciado de toda una profesión" (la periodística) porque los ciudadanos "ya no confían en lo que leen u oyen". Como era de esperar, no hizo autocrítica preguntándose si a lo mejor los ciudadanos no confían en lo que leen, entre otras cosas porque los periodistas recogen lo que dicen los políticos y éstos mienten más que hablan (y su gobierno sabe bastante de esto, como cualquier observador objetivo ha podido comprobar en los últimos meses ante la batería de medidas y contramedidas incoherentes que todos conocemos y no hace falta repetir aquí). Su conclusión: "necesitamos información, pero que sea veraz". O, lo que es lo mismo: necesitamos la información que el gobierno decida que es veraz.

Ojo, que no es el único partido que dice estas cosas. Ni mucho menos. Hay que recordar que el que fuera ministro de Justicia del gobierno anterior, Rafael Catalá, del Partido Popular, ya propuso sancionar a los medios de comunicación que publicaran filtraciones. Es el mismo mensaje: que sólo se publique lo que el gobierno quiere que se publique. Y una de las declaraciones más polémicas del entonces recién llegado líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue aquélla en la que abogaba por el control público (léase, el poder gubernamental) de los medios. También tenemos ahí ese informe que presentó hace unos meses Reporteros Sin Fonteras denunciando el acoso a periodistas en la Cataluña controlada por JuntsXCat y ERC: desde la persecución del que fuera consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, contra el director de El Periódico, Enric Hernández, hasta los actos de violencia de los seguidores de estos partidos políticos contra Telemadrid, Crónica Global, La Sexta y otros medios. Y así todo.

He sido y soy el primer crítico de la falta de independencia que tan a menudo padecen los medios de comunicación (no sólo los españoles) y también de otros problemas que han ensuciado la labor del Periodismo desde que existe como profesión regulada. Pero también soy el primer defensor de la libertad de expresión (como de todas las libertades) y de la necesidad de una prensa sin las manos atadas, capaz de ejercer de contrapoder ante la tentación totalitaria de todos los partidos, da igual cómo se definan en el espectro político. Todo el mundo debe poder decir lo que quiera. Y, eso sí, responsabilizarse automáticamente y asumir las consecuencias de lo que ha dicho si ha incurrido en una ilegalidad. Particularmente, no me extrañaría figurar ya en más de un listado de "buenos" o "malos" periodistas pero ¿qué le importa eso a un inmortal?






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