Se trata de una de las actividades más hipócritas de la política contemporánea (o de toda la vida, ya que el origen de la palabra se remonta al antiguo Parlamento de Londres pero es seguro que en sus predecesores se reprodujeron situaciones similares, aunque sucedieran en los patios o los portales del edificio en lugar de sus salas de estar) porque las conversaciones, presiones y compra-venta de votos que se producen durante esta actividad oficialmente no son tal, sino un mero ejercicio de “información” a los cargos políticos, que por supuesto, y si son “convencidos” por los “argumentos” de los lobbystas, jamás admitirán que se beneficiaron (o se beneficiarán, cuando finalice el tiempo legal de ejercicio de su cargo político y ya nadie se acuerde de lo decisivos que resultaron en determinadas materias) directamente por sus decisiones.
Por lo general, el éxito del lobby requiere no ampararse en una organización pública determinada y fácilmente identificable, mucho menos de carácter político, sino aparecer “disuelto” en el magma social o en un conjunto de asociaciones sin líder claro en torno al cual aglutinarse, como si sus miembros se hubieran unido circunstancialmente para la ocasión y fueran a ir cada uno por su lado una vez conseguido el objetivo particular que les unió.
Actividad de lobby han desarrollado, y con ella han influenciado en las políticas de gobiernos de todo el mundo, miembros de diferentes organizaciones que, en ocasiones, suelen pertenecer a varias de ellas al mismo tiempo aunque este dato no sea de carácter público. Desde las organizaciones homosexuales hasta las centrales sindicales, las empresariales o las financieras, pasando por organismos medioambientales y ONGs en general, multinacionales, grupos religiosos (no sólo los judíos..., en el caso español es conocida la influencia de grupos católicos radicales) y otros más de tipo conspiranoico como la Masonería o el Club Bildelberg, últimamente tan de moda. La lobbycracia extiende, pues, sus tentáculos en los principales puntos de poder político, económico, militar y social del planeta. En algunos de ellos, además, con descarada impunidad e indiferencia a la crítica, como Washington y Bruselas, donde a nadie parece importar realmente su presencia ni se investigan tampoco en profundidad sus actividades. Y eso que casos llamativos, y recientes, ha habido para despertar a quien ha querido despertar, como el de Jack Abramoff (a la izquierda) condenado por la justicia norteamericana en 2006 tras embolsarse vaya usted a saber cuántos millones de dólares en sus tejemanejes de businessman.
Con estos precedentes, resulta bastante inquietante el hecho de que los lobbies que operan en España (y los que quieren operar en el futuro) se dispongan a obtener en breve el respaldo de la administración para, al igual que sucede ya con otros países occidentales, empezar a ejercer sus presiones legalmente y sin miedo a posibles denuncias de quienes se puedan sentir incomodados por así decir ante su presencia. Según me confirmaba esta mañana Mac Namara, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales presidida por María Rosa Rotondo (a la derecha) ha presentado recientemente una propuesta de "un marco normativo y legal que garantice el ejercicio" de su actividad en España para que sea estudiado y obtenga el visto bueno del Congreso de los Diputados. Esta asociación se constituyó en 2007 pero su primer "foro profesional" se desarrollará el próximo 23 de junio bajo el significativo título de "Hacia la transparencia de las relaciones institucionales" (¿transparencia en la labor de grupos de presión?) en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí ha anunciado su intención de reunir a diputados, senadores y (¡atención!) "profesionales de los grupos de presión" (¿se puede calificar de democrática la actividad de presión a los poderes del Estado?).
- Esta asociación de lobbystas -apunta Mac Namara- agrupa a varias decenas de miembros que actúan en España desde hace ya un tiempo y aspiran a "normalizar" su presencia, a obtener un reconocimiento político que les ponga a resguardo de la crítica.
- Varias decenas ¿son muchos o son pocos? -pregunto yo, que soy un novato en estas cuestiones.
- Si te sirve de comparación, el registro existente hoy en la Comisión Europea cuenta con más de dos mil lobbies, entre los inscritos voluntariamente... Nadie sabe cuántos son los que no están inscritos. Pero lo más gracioso es el argumento que emplean para defender su implantación oficial en España. Te leo textualmente: "Este censo de las entidades que tratan de influir en las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo aportarían transparencia a una actividad que en España es desconocida o está 'demonizada' por la sociedad y la clase política". Sin comentarios.
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